You’ve Got Identity. Why a national id is a bad idea. 

Usted tiene Identidad

Porque un Documento Nacional de Identidad es una mala idea

Por Linda Gorman y David Kopel, del Independence Institute

5 de febrero, 2002

A pesar del hecho de que los secuestradores del 11 de septiembre parecen ser exactamente quiénes dijeron que eran, una gran cantidad de personas quiere que creamos que la seguridad reside en emitir a todos los estadounidenses un documento nacional de identidad o I.D., ligado a bases de datos llenas de información personal. El último grupo que se sumo a la idea de un I.D. es la "American Association of Motor Vehicle Administrators” (Asociación Americana de Administradores de Vehículos de Motor).

Desea que las licencias de conducir sean la base de un sistema de nacional de identidad en los Estados Unidos y Canadá, y planea pedirle al congreso $100 millones de dólares para desarrollar un esquema para numerar y para rastrear a los ciudadanos con el fin de "asegurar una América más segura." (Robert O'Harrow Jr., 14 de Enero, 2002, . San Jose Mercury News online edition.)  

Muchas personas, como los Administradores de Vehículos de Motor y Larry Ellison de Orcale, tienen grandes y obvios incentivos de negocios para fomentar la existencia de un documento de nacional de identidad. Otros simplemente admiran la vigilancia por si misma. Cualquiera sea su motivo, cada uno de ellos asume la existencia de bases de datos seguras y exactas, y que un documento nacional de identidad no causaría problemas para los individuos. La experiencia práctica, sin embargo, sugiere lo contrario. Incluso con las mejores intenciones, los gobiernos no hacen un buen trabajo manteniendo bases de datos, y hay poca evidencia para sugerir que un documento nacional de identidad promovería la seguridad o protegería la privacidad.

Consideremos los problemas del Registro Central de Colorado para la Protección del Niño, una pequeña base de datos manejada por el gobierno del estado que es relativamente eficiente, justa, y respetuosa de la privacidad.

De una forma u otra, en existencia por alrededor de 30 años, el registro es ahora una base de datos automatizada usada para seguir todos los informes sobre abuso infantil o negligencia y para realizar chequeos sobre la gente que trabaja con niños. En teoría, el registro permite que los empleadores determinen instantáneamente si están empleando a alguien propenso al abuso infantil y además ayuda a las agencias estatales de subsidios a separar abusadores recurrentes con los que han sido víctimas de cargos falsos. En mayo de 2001, la auditoria del estado de Colorado examinó el registro. Contenía  107.848 expedientes con información sobre 113.681 abusadores confirmados o alegados, 907 cómplices de abuso desconocidos, y 144.334 niños. Recibía cerca de 450 informes nuevos al mes.

A pesar de los mejores esfuerzos del estado, el registro tiene un alto índice de error. Cuando la oficina de auditoria comparó una muestra de 31 informes de incidentes con sus entradas del registro, encontró 44 errores de entrada de datos. Cincuenta mil de los 107.848 expedientes estaban incompletos. Cuarenta por ciento de una muestra de 48 abusadores sexuales registrados conocidos por haber cometido crímenes contra niños no estaban enlistados en el registro. Desde el primero de junio del 2000, una ley del estado de Colorado requirió al registro que suprimiera los expedientes para toda persona absuelta de cargos del abuso infantil o cuyo caso hubiese sido retirado. De 1.589 personas que enlistaban como absueltas de cargos de abuso infantil en expedientes judiciales desde el primero de junio del 2000 en adelante, 191 todavía estaban enumeradas ilegalmente en el registro.

Aunque el registro rastreaba personas por transgresiones menores, tenía aparentemente poco efecto sobre procesamientos exitosos por abuso infantil. Mas de la mitad de los informes de abuso en el 2000 fue por negligencia, y casi la mitad de todos los informes estaban clasificados como "transgresiones menores." Bajo el estatuto de Colorado, el abuso infantil esta ampliamente definido y deja mucho espacio para la interpretación. Los niños son abusados por cualquier acto u omisión que deje contusiones que no puedan ser accidentales, cualquier acto u omisión que prive los servicios, incluyendo la supervisión, que un padre "prudente" proporcionaría, o cualquiera acto u omisión que cree condiciones de vivienda que causan o planteen un riesgo substancial de deteriorar el funcionamiento o el desarrollo intelectual o psicológico del niño. El personal y los representantes del condado del registro dijeron a la oficina de auditoria que "muy pocos individuos enlistados en el registro como abusadores son alguna vez arrestados, acusados o condenados por algún crimen de abuso infantil."

Los chequeos "instantáneos" de personas requeridos para los trabajadores en el área del cuidado de niños y para los padres adoptivos tardan tanto como tres meses para ser completados, a pesar de que una ley estatal requiere la terminación de estos “chequeos” en el plazo de diez días. Los retrasos causan complicaciones severas para las familias y los trabajadores en el cuidado de niños. Cuatro de nueve instituciones para el cuidado de niños, contactadas sobre posibles correspondencias tuvieron que despedir a personas que estaban trabajando para ellos. Otra organización pudo cambiar al empleado a una posición que no implicaba el contacto con niños.

El registro esta diseñado para rastrear un pequeño subconjunto de personas en una población estatal de poco más de 4 millones. Con la población residente de Estados Unidos estimada en julio del 2001 en 285.000.000, una base de datos nacional de identificación,  sería una base de datos mucho más difícil de mantener. Aproximadamente un 16 por ciento de la población de Estados Unidos cambia de residencia cada año, y solamente un índice de error de apenas el 1 por ciento afectaría casi 3 millones de casas de familia.

Incluso bases de datos federales, considerablemente más pequeñas, tienen índices de error mayores del 1 por ciento. En 1998, la Oficina General de Contabilidad divulgó que la Administración de Seguridad Social administró expedientes de 50 millones de beneficiarios. En 1997 procesó la información sobre aproximadamente 225 millones de declaraciones de ganancias e impuestos para alrededor de 138 millones de trabajadores.

En el 2000, el Inspector General de la Administración de Seguridad Social reviso una muestra de 455 beneficiarios de Seguridad Social del Niño, y encontró que un 86 por ciento no eran elegibles para el programa. El Inspector General también estimo que 1.31 millones de los casos que reciben pagos de discapacidad estaban incompletos porque los expedientes carecían de información sobre la discapacidad para la cual era el pago.

En 1995, John J. Miller y Stephen Moore del “Instituto Cato”, divulgaron que encontraron que los archivos de la Seguridad Social tenían errores de entre  el 5 y el 20 por ciento de los  casos.

Estos errores pueden causar estragos en las vidas de aquellos afectados, como cualquiera que haya sido negado los beneficios de Seguridad Social o haya sido perseguido equivocadamente por el IRS (Servicio de Impuestos Interno) puede atestiguar. Como las burocracias implicadas raramente sufren por sus errores, corregirlos podría ser una pesadilla. El 8 de noviembre de 1996, un empleado de un acilo de ancianos equivocadamente marco el casillero de "difunta" en los papeles de Deborah A. Hawkins. La señora Hawkins, de 50 años de edad, recientemente había reemplazado su cadera y también estaba en la lista de esperaba para un trasplante de riñón. A pesar de una carta por parte del acilo que intentaba corregir el error y de una visita personal a la Administración de Seguridad Social por la lisiada Señora Hawkins, Medicare (Seguro Social) rechazo el pago de sus cuentas médicas. Ella contacto a su miembro del Congreso y a las agencias reguladoras del descuido. El articulo del 26 de febrero de 1997 del Washington Post divulgó que, en cuanto al gobierno, la Señora Hawkins estaba muerta hace 3 meses y 17 días. (Courtland Milloy. 26 de febrero, 1997. "Correcting a Grave Mistake," Washington Post. B1).

Actualmente, un error en una base de datos puede tener consecuencias terribles, pero el error no se propagara necesariamente a otras bases de datos. Si Medicare cree que usted murió hace varios meses, usted todavía puede viajar en avión, comprar un arma de fuego, o conseguir un empleo en un nuevo trabajo. Pero con un documento nacional de identidad que sirve como centro de información de la vida de un individuo, un error catastrófico en un sitio se esparcirá rápidamente a el resto de los sitios, haciéndolo imposible para que la víctima del error viva una existencia normal. En Francia, por ejemplo, un error tipográfico de un empleado de la base de datos de la entidad nacional de identidad, a veces llega a ser imposible de corregir, y así una persona se convierte en una no-persona.

Además de los errores inadvertidos que son inevitables en cualquier sistema grande  administrado por seres humanos, el fraude deliberado es, y continuará siendo, un problema enorme. Un producto del programa que usa la SSA (Administración de Seguridad Social) junto con el IRS (Servicio de Impuestos Interno) es un conjunto de números de Seguridad Social inválidos creados por error o por personas que usan identidades falsas para conseguir un trabajo. Cada vez que un nombre y un numero de Seguridad Social no concuerdan en un W-2 (formulario impositivo) anual, el expediente se coloca en un Archivo de Suspensión de las Ganancias creado para retener "contribuciones de Seguridad Social voluntarias" cuyos dueños no pueden ser identificados. Actualmente hay más de 227 millones de expedientes en el archivo, de los cuales cerca de un 11 por ciento se refieren a Números de Seguridad Social que nunca fueron consignados. La implementación es ilusoria. En el año fiscal 2000 la Administración de Seguridad Social recibió 46.840 alegaciones del uso incorrecto del Número de Seguridad Social. Entre 1997 y 2001 la Oficina de la Administración del Inspector General investigó un total de 5.655 casos.

Aunque los que proponen un documento nacional de identidad veneran microchips encastrados y laminados en tarjetas de identificación como una protección segura de fraude, el mundo esta lleno de personas entrenadas técnicamente capaces de programar microchips y laminar documentos. De hecho, el documento infalsificable todavía se tiene que inventar. Los aproximados 6 millones de pasaportes expedidos cada año son los documentos de identificación elaborados por el gobierno de Estados Unidos generalmente disponibles mas desafiantes en términos técnicos. Las falsificaciones capaces de pasar la reexaminación extranjera no son infrecuentes, y en 1998, el FBI reporto  que los precios estaban entre $2.000 a $12.000 dólares.

Las falsificaciones de documentos extranjeros, que permiten que la gente entre y trabaje  legalmente en los Estados Unidos, cuestan menos aun. Según un informe del año 2000 del Ministerio de Justicia de California, pasaportes falsificados rusos estaban generalmente disponibles a través de "proveedores de documentos" por una "agencia de viajes" por entre $120 a $200 dólares. Algunos ladrones utilizan medios fraudulentos para obtener el artículo genuino. Un sindicato extranjero de traficantes, consiguió pasaportes genuinos de Estados Unidos, comprando partidas de nacimiento de ciudadanos Estadounidenses en clínicas para el tratamiento de adicción a la heroína. (Testimonio de John Hotchner, Director, Office of Passport Policy, Planning and Advisory Services, Bureau of Consular Affairs, Department of State. 22 de Julio, 1999. "Counterfeiting and Misuse of the Social Security Card and State and Local Identity Documents," Subcommittee on Immigration and Claims, Committee on the Judiciary House of Representatives.) 

Los empleados gubernamentales corruptos presentan otro problema de implementación. En 1997, condenaron a 29 empleados de la Administración de Seguridad Social por crímenes varios, desde creación de identidades ficticias, venta fraudulenta de tarjetas de la Administración de Seguridad Social hasta el abuso de información confidencial.

En el 2000, encarcelaron a un empleado por librar 125 tarjetas de Seguridad Social a un cómplice. Otro fue condenado por buscar en la base de datos de la Seguridad Social información sobre personas cuyo crédito de reemplazo fue robado mientras iba camino a ellos. La información robada fue utilizada para activar 63 tarjetas del reemplazo. Vale observar que el empleado que investigaba la base de datos de la Seguridad Social solamente fue detectado después de que el “Banco del Viajero” notificara a la Administración de Seguridad Social que el banco veía patrones sospechosos en los datos de la emisión de tarjetas de crédito del banco.  

Si las ganancias en juego son lo suficientemente altas, y lo serán bajo un sistema nacional de identidad porque un documento sería la llave a todo lo demás, no hay razón para creer que la gente no podría también ser sobornada para crear expedientes falsos.

En vez de enfocarse en la vigilancia y el procesamiento de probables villanos, terroristas, e  ilegales, los partidarios del documento nacional de identidad pretenden que las autoridades emprendan la tarea imposible de fingir manejar una base de datos inmanejable, llena de información inexacta sobre millones y millones de personas inocentes. Puesto que los malhechores son una fracción pequeña de la población general, esto se reduce a construir un sistema de seguridad que concentre sus recursos limitados en la supervisión de los inocentes. Liberados de una vigilancia intensiva, los verdaderos criminales, no van a tener ningún problema en ocultarse bajo las grietas del ineficiente sistema.


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